BUENOS AIRES (NA).- «La revancha está en marcha», graficó un reconocido legislador oficialista tras la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto del Gobierno para regular la actividad de los medios de comunicación, festejado por el kirchnerismo y repudiado por buena parte de la oposición.
El dirigente soltó esa frase y se perdió por los pasillos del Congreso, dejando tras de sí un sinnúmero de preguntas sin respuestas, por lo menos en lo que en el periodismo profesional se denomina «on the record»: «¿Revancha contra quién?», es la primera incógnita, muy obvia, pero medular.
«Antes fue el campo, ahora son los medios, especialmente Clarín», acotó malicioso un diputado opositor, integrante de aquel centenar que se ausentó a la hora de la votación, denunciando una supuesta falta de apego del oficialismo al reglamento de la Cámara baja.
Nadie sabe, a ciencia cierta, si ése fue realmente el espíritu del matrimonio presidencial a la hora de enviar al Congreso el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, d
que ya había anunciado la mandataria en la apertura de las sesiones ordinarias, el primero de marzo pasado.
Pero un hecho es irrefutable: desde aquel entonces, el Gobierno amagó con impulsar el proyecto «antimonopólico» en diversas oportunidades, incluso en medio de la campaña electoral, aunque sólo concretó sus anuncios luego del traspié en las urnas, en un momento de debilidad política.
Incluso los funcionarios que armaron el proyecto con buena voluntad, avalados por años de prédica en las cátedras universitarias como el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, debieron sacarlo y volver a guardarlo de sus escritorios ante las idas y vueltas de sus jefes políticos.
La derrota electoral llenó de confusión al oficialismo, que le había creído a su líder Néstor Kirchner que lo llevaría a la victoria en la estratégica Buenos Aires, pero tras un período de lógica desazón los habituales asistentes a Olivos comprendieron que se gestaba un nuevo Norte para el Gobierno.
¿Cuál sería ese Norte? Emprenderla contra un nuevo enemigo declarado, como alguna vez lo fueron la Corte Suprema menemista, las cúpulas militares y policiales, los represores de la dictadura, la Iglesia católica, los peronistas que se retobaron y, más recientemente, las entidades agrarias.
Claro que algunas de esas cruzadas fueron más populares que otras, pero todas tuvieron un mismo objetivo: dejar en claro a todos los actores del poder que las decisiones de fuste, esas que verdaderamente importan al destino de un país, las volvían a tomar en la Casa Rosada y no desde ningún otro lugar.
Ese esquema funcionó hasta entrado 2008, ya con Cristina Kirchner como presidenta, porque comenzó a ser ostensible la bifrontalidad del poder, que ya no residía solamente en la Rosada sino que se había trasladado, principalmente, al terreno compartido por el matrimonio: la quinta de Olivos.
El «doble comando» confundió hasta a los propios funcionarios del Gobierno. No fue para menos: se sucedieron entonces escenas insólitas, como cuando la Presidenta recibía a la Mesa de Enlace para escuchar sus reclamos y Néstor Kirchner instruía simultáneamente a Guillermo Moreno en sentido inverso.
En aquel entonces el oficialismo contaba con un respaldo popular que ahora, a la luz de los últimos resultados electorales, se achicó visiblemente.
Sin embargo, Kirchner conserva aún un fuerte predicamento en un sector de la sociedad y se embarca en un proyecto para intentar volver en 2011.
Busca, para ello, sostener férreo el apoyo del Partido Justicialista bonaerense, de la CGT de Hugo Moyano y de nuevos aliados de centroizquierda que, tras las elecciones, han votado de manera funcional a los intereses del Gobierno, como en el reciente caso de la Ley de Servicios Audiovisuales.
El plan kirchnerista asoma, sin embargo, como una tarea titánica: en primer lugar, porque el peronismo de la provincia de Buenos Aires fue derrotado en las urnas por otra versión justicialista, la disidente, y eso comienza a sentirse en forma paulatina en los realineamientos que suceden y sucederán.
De hecho, esta semana se concretó un almuerzo del ex presidente Eduardo Duhalde con los líderes de los gremios «gordos» que buscan limar el poder de Moyano en la CGT, quien a su vez lanzó una corriente político-sindical para proyectarse como candidato a gobernador bonaerense.
Kirchner cuenta, en este escenario, con el respaldo a esta altura invalorable del vicegobernador Alberto Balestrini, su hombre de confianza en la provincia, a quien muchos en el propio oficialismo señalan como el hombre de recambio en el distrito para el caso de que Scioli termine «tirando la toalla».
En el entorno del gobernador aseguran que eso nunca ocurrirá, basados en la personalidad del mandatario, acostumbrado a luchar contra la adversidad, pero también conceden que la administración atraviesa por un momento de asfixia de sus finanzas. «Es una lucha llegar a fin de mes», grafican.
Y hacen una cuenta que no solamente se aplica a Buenos Aires, sino también al resto del país: «Tal como está planteada la distribución del dinero entre la Nación y las provincias, en este contexto de crisis la única forma de no pasar a la historia como ´los patacones de Ruckauf´ es llevándote bien con Kirchner».
Por eso Felipe Solá, una de las principales figuras del PJ disidente, salió a denunciar tras la media sanción de la Ley de Medios que «todavía está vigente en el país la ley de la chequera». Apuntó especialmente a Santa Fe, porque los diputados socialistas votaron a favor de la ley gubernamental.
También otras provincias, como Córdoba y Entre Ríos, padecen las consecuencias del parate económico, que por primera vez desde 2002 fue admitido oficialmente esta semana por el INDEC.
El posicionamiento político de Juan Schiaretti, el mandatario mediterráneo, vaticina que a los cordobeses no les irá bien.
En medio de esta situación por demás compleja, la Presidenta partió hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la cumbre del G-20, mientras que el vicepresidente Julio Cobos quedó a cargo de la primera magistratura, como corresponde en términos institucionales.
Pero en la Argentina no todo es tan simple: el kirchnerismo aprovechará el lunes la ausencia de Cobos en el Senado para girar desde la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Medios que ya tiene media sanción, para que el vice no imponga su criterio en el tratamiento en la Cámara Alta.
Esa jugada tendrá su punto final el 7 de octubre, cuando el oficialismo buscará sancionar la nueva normativa, que reemplazará al decreto-ley vigente desde 1980, emitido en plena dictadura.
Por ese mismo motivo, la ley representa un paso adelante, pero a la vez encierra algunos interrogantes, algunos de magnitud: ¿la nueva normativa busca favorecer la aparición de más voces en los medios de comunicación o fragmentar un sistema que en estas circunstancias no es funcional al poder?
«Una cosa no quita la otra», susurró con mirada cómplice uno de los 147 diputados que votaron la norma esta semana.