Policiales

A un año del incendio que destruyó PIGSA

Hoy se cumple un año del devastador incendio de la fábrica Plásticos de la Isla Grande, el cual se determinó fue intencional y abundantes indicios apuntaron en todo momento a dos menores que fueron vistos en la zona de inicio del fuego. A pesar de ello desde junio el juez de instrucción penal Daniel Cesari Hernández pasó a reserva la causa.

El sitio donde empezó el fuego que no pudo ser controlado a tiempo.

RIO GRANDE.- Desde las primeras horas de la investigación las sospechas se cernieron sobre dos menores que viven en las inmediaciones de la fábrica, de 12 y 13 años, los cuales fueron observados por vecinos jugando sobre el lateral de la calle Almirante Brown, donde había un sector de acopio de residuos sin ninguna protección.
Allí los vecinos habían dado cuenta que en numerosas oportunidades menores se juntaban a jugar y a fumar, entre tarimas de madera y residuos de polietileno, propios de la producción a la que estaba abocada la planta que fue consumida por el fuego.
La investigación descartó inmediatamente otras hipótesis, como un sabotaje interno o externo a partir de unas desvinculaciones laborales que habían tenido lugar días antes en la planta, comenzando a recopilarse numerosos indicios que en todo momento apuntaron a dos menores de edad.
Vecinos de la calle Brown observaron en los momentos previos a estos dos menores jugando, a los cuales incluso identificaron. En los momentos en que comenzó a observarse el humo, trabajadores de la construcción que se encontraban sobre una obra en calle Einstein vieron a dos menores salir corriendo por esta calle.
Esto incluso fue captado por las cámaras de la empresa Sueño Fueguino situada sobre esa calle, donde se observa la silueta de los dos menores corriendo en la misma dirección, hacia calle Finocchio.
Luego cámaras de seguridad retoman el derrotero de estos menores por el pasaje Carlos Lisa, y finalmente una filmación del incendio desde un automóvil en calle Lugones y Almirante Brown, capta en primer plano a uno de estos menores retornando a la escena del incendio desde una distancia ya prudencial.
El recorrido hacia ese punto clave, donde recién se identifica claramente a uno de los menores, fue reconstruido por testimonios y cámaras de seguridad, pero el juez Cesari optó desde el inicio del proceso por mantenerse escéptico de esta hipótesis que siempre resulto la más plausible.
Incluso, los análisis de cámaras realizados desde la Brigada de Delitos Complejos concluyeron que las figuras observadas se correspondían a los dos menores identificados en el marco de la investigación, pero el juez descartó todo considerando que “ninguna cámara ha captado el momento de inicio del fuego ni persona alguna realizando dicha actividad” dijo, agregando en los fundamentos del pase a reserva de la causa, “las cámaras de calle Einstein no permiten visualizar el rostro de las personas”.
Un argumento con el cual difícilmente este magistrado pudiera volver a resolver otro caso, de no ser que medie una filmadora captando detalladamente un suceso criminal.
Asimismo al tratarse de menores de edad, el juez tampoco optó por declararse incompetente, lo que hubiera llevado el caso a la órbita de la Justicia de Menores. Solo hubo impunidad.

Responsabilidad de la empresa
La resolución del 14 de junio que pasó a reserva las actuaciones por la millonaria pérdida de la fábrica, y asimismo significativos daños a propiedades vecinas del lugar; marca responsabilidades operativas desde la misma fábrica.
La Justicia cuestionó la forma poco segura de acopiar residuos flamables como tarimas y residuos plásticos en un predio sin ninguna protección, que daba a la calle con tan fácil acceso que los menores se juntaban allí; hasta la ausencia total de muros cortafuegos a lo largo de toda la estructura industrial.
En ese sentido señala el magistrado que esto colaboró en la rápida propagación del fuego sin que el mismo pudiera a llegar a ser restringido en un solo sector de la planta, la cual atravesó sin impedimento alguno.
Las millonarias pérdidas materiales para industriales y trabajadores, de los cuales 35 de ellos siguen en litigio judicial con la empresa, e incluso viviendas vecinas, nunca fueron cuantificadas, y milagrosamente no hubo que lamentar la pérdida de vidas.