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Gobierno quiere apurar obras de saneamiento y potabilización

La gobernadora Rosana Bertone envió un proyecto de ley para que todas las obras tendientes al restablecimiento de la regular prestación del servicio de provisión regular de agua potable, tratamiento de efluentes y remediación de los daños ambientales producidos, sean controladas directamente por la Secretaría de Ambiente. Uno de los artículos considera “zona ambiental crítica a la zona margen sur de la Ciudad de Río Grande”.
USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone envió un proyecto de ley a la Legislatura para que las obras de saneamiento ambiental, potabilización y provisión de agua potable, pueden ser eximidas de estudios de impacto ambientales previos que demoren su ejecución y evitar que la población continúe expuesta a esta situación.

Esta iniciativa está justificada en en el marco de la emergencia que se estableció mediante la ley N° 1063 y busca exceptuar a obras en Ushuaia y Tolhuin de los estudios de impacto ambiental establecidos en la ley 55.

Entre los fundamentos el Gobierno sostuvo que el “proyecto busca agilizar los plazos de ejecución de nuevas obras de potabilizado y tratamiento de efluentes cloacales, de forma tal que, los esfuerzos generados en la obtención de los recursos financieros necesarios para el ambicioso plan de obras que se está llevando adelante en todo el territorio provincial, tenga el mayor beneficio posible a favor de las poblaciones afectadas”.

Sobre estos principios, se ha considerado que las nuevas obras de carácter sanitario “tienen por objeto principal mitigar o eliminar los efectos ambientales adversos para la salud de la población que ocasionan el déficit o ausencia de sistema de tratamiento de aguas residuales. Implica construir nuevos servicios en sectores que están intensamente impactados por los déficits de inversión que se han sucedido a pesar de una notable expansión del crecimiento demográfico de los núcleos urbanos fueguinos”.

Asimismo se recordó las nuevas obras ya aprobadas para su ejecución en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, “se ejecutarán sobre sectores que ya tienen un alto nivel de impacto y que, en algunos casos, exponen a la población que reside en los alrededores”.

En ese sentido “debe considerarse que dos tribunales provinciales, tanto el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la Jueza Liliana Herráez, como el encabezado por el Dr. Alejandro Fernández, han dispuesto un urgente cronograma de nuevas obras para mitigar los impactos negativos que ha producido los malogrados sistemas de tratamiento de efluentes en las ciudades de Río Grande y Ushuaia respectivamente”, sostiene el proyecto.
Río Grande, párrafo aparte

El proyecto enviado por Bertone señala que “la ciudad de Río Grande merece un párrafo aparte, ya que durante las últimas décadas ha sufrido un crecimiento demográfico exponencial producto de la actividad económica aplicada. Este crecimiento ha planteado situaciones socio-ambientales que derivaron en la deficiencia de servicios básicos y falta de sistemas de gestión de efluentes pluviales y cloacales, situación que ha sido significativa en la zona denominada ‘”Margen Sur”, presentándose serios riesgos a la salud de la población e impacto ambiental al agua dulce superficial y al suelo”.

Por ello es que “el estado de situación ambiental y sanitario a partir de la falta de la infraestructura necesaria, como así también la afectación al río Grande y sus múltiples usos, generaron reacciones comunitarias que se han llegado a materializar en causas judiciales”, mencionando la iniciada por la Asociación de Consumidores y Usuarios contra la Municipalidad de Río Grande y otros.

“En esta causa la Municipalidad de Río Grande y la Provincia de Tierra del Fuego fueron condenadas a realizar tareas y obras de saneamiento ambiental estableciéndose plazos perentorios de ejecución de estas obras.

El Poder Ejecutivo Provincial ha gestionado, ante fondos especiales de origen nacional, la concreción de nuevas obras para el saneamiento de los graves problemas ambientales y sanitarios que se han producido por la falta oportuna de inversión en infraestructura y, como resultado de estas gestiones gubernamentales, la Administración Nacional ha solicitado una urgente transferencia de recursos para la ejecución de las obras, que coincide con la urgencia que presenta la situación socio-ambiental de los vecinos de la margen sur. Las obras propuestas, lejos de producir impactos ambientales negativos, representan la solución de esta grave problemática socio-ambiental.

El artículo 1 del proyecto establece que “las obras a realizarse en el marco de la emergencia establecida en el Título III de la Ley Provincial N° 1063 y/o la que en el futuro la reemplace y todas aquellas obras nuevas principales o complementarias ejecutadas por organismos públicos provinciales tendientes al restablecimiento de la regular prestación del servicio de provisión regular de agua potable, tratamiento de efluentes y remediación de los daños ambientales producidos como consecuencia de la ausencia de infraestructura de agua o cloacas en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, se regirán por el sistema de certificación en materia ambiental establecido en el presente, con exclusión de todo otro procedimiento ambiental, exceptuándolas especialmente del cumplimiento de las previsiones de los artículos 82 y 86 de la Ley Provincial N° 55”.

En tanto el artículo 3 “Considérase zona ambiental crítica a la zona margen sur de la Ciudad de Río Grande, en razón de la situación actual de impacto ambiental negativo. Por ello, sin perjuicio de la ejecución de las obras previstas tendientes a la remediación, la autoridad de aplicación podrá imponer las restricciones que resulten necesarias de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la Ley Provincial N° 55, con el objeto de evitar que se agrave el daño ambiental actual.

Por último menciona que la “Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático”.

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