Los hogares de la Patagonia consumen el 23,45 por ciento del gas del país

TIEMPO SUR.-A partir de un informe del Centro de Estudios Patagonia (CEP), se desprende que el consumo de gas en los hogares de la región es directamente proporcional a las inclemencias climáticas. Además, el paper advierte que el cambio de tarifas no fue realizado para equilibrar las finanzas públicas, sino para favorecer a las empresas de servicios públicos.
Los usuarios de gas ascienden en todo el país a los 8.500.126, de los cuales 8,1 millones son residenciales, seguido por los comerciales (316.761), industriales (25. 656), y otros 42.000 usuarios distribuidos en entes oficiales, centrales eléctricas, GNC, etc. Dentro de este total, la Patagonia representa solamente el 7,5 por ciento de los usuarios de gas del país, pero si se mide en términos de consumo por metro cúbico, representa el 15,27 por ciento.

Pero el promedio del consumo aumenta en la región cuando se analiza de manera discriminada los diferentes segmentos: el consumo en los hogares patagónicos representan el 23,45 por ciento del consumo de todo el país, mientras que los comercios representan el 25,02 por ciento. Es decir que hay un mayor consumo proporcional en los hogares que en las industrias.

Estos números fueron expuestos por el Centro de Estudios Patagonia (CEP) en un informe titulado “Shock tarifario: La Patagonia en riesgo”, difundido la semana pasada, en donde se analiza el impacto macroeconómico del tarifazo aplicado por el Gobierno nacional y lo vital de un recurso como el gas para una región que vive bajo fuertes inclemencias climáticas.

“Los usuarios residenciales de la Patagonia son apenas el 7 por ciento de los nacionales, consumen el 23,5 del total distribuido del segmento. Los usuarios comerciales, que incluyen a hoteles y restaurantes, entre otros, y describen parcialmente el peso de la actividad turística de la región, suman el 17,3 por ciento de los usuarios nacionales, y el 25 por ciento del consumo de la Argentina. Con estos números resulta más fácil comprender por qué las autoridades nacionales decidieron eliminar los subsidios por zona y, luego, ante las protestas de los gobernadores concedieron un tope de ´solamente´ el 400 por ciento para los usuarios residenciales”, analizó Claudio Scaletta, coordinador del área de Economía y Desarrollo Regional del CEP y autor del informe.

 

Consumos

En Santa Cruz hay 43.859 usuarios residenciales que consumieron el año pasado 316.518 metros cúbicos de gas. En Tierra del Fuego hay 40.639 usuarios residenciales con un consumo anual de 357.837 metros cúbicos. Chubut posee 151.347 usuarios residenciales, es decir un 245 por ciento más que en Santa Cruz y un 272 por ciento más que en Tierra del Fuego. Sin embargo, su consumo residencial no crece en la misma proporción que la cantidad de usuarios que hay en dicha provincia.

A pesar de tener más de tres veces la cantidad de usuarios residenciales que Santa Cruz y Tierra del Fuego, el consumo de gas en Chubut es superior en tan sólo un 91 por ciento en relación a Santa Cruz y un 69 por ciento en relación a Tierra del Fuego (ver recuadros).

Efectivamente, en las provincias más australes de la Argentina hay un mayor consumo de gas en proporción a la cantidad de usuarios que en el resto de las provincias patagónicas y eso se explica, en parte, por las condiciones climáticas de la región.

 

Impacto macroeconómico

Con estos números sobre la mesa expuestos en detalle por el CEP, cabe la siguiente pregunta: ¿cuál fue el análisis que se realizó para llevar adelante semejante tarifazo? Desde el discurso público los funcionarios de la Alianza de Gobierno –tanto el presidente Mauricio Macri, como los ministros de Interior y Energía, Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, respectivamente- explicaron reiteradas veces que la eliminación de subsidios y el incremento tarifario perseguía la finalidad de un ahorro fiscal para el país, como así también llevar “equidad tarifaria” entre las regiones.

Sobre los subsidios a las tarifas, sostiene el CEP, había objetivos múltiples, entre ellos establecer un mecanismo de redistribución de la renta petrolera, el segundo consistía en mejorar la competitividad de las empresas de todos los tamaños en tanto los servicios y el combustible son parte de su estructura de costos, y la tercera, aportar un ingreso extrasalarial para liberar recursos hacia el consumo.

“Entre 2004 y 2015, la Inversión Pública del Estado pasó de representar el 11 por ciento del Producto Bruto Interno al 25,7 por ciento del Producto. En el período que va de 2004 a 2006, hubo una primera etapa con un incremento moderado de la inversión, que fue del 11 por ciento del PBI al 12,2 por ciento. A partir de 2007 comenzó la segunda etapa donde predominaron los incentivos a la demanda agregada -vía ampliación del sistema de protección social- y los subsidios a empresas proveedoras de servicios públicos para mantener fijas las tarifas. En este segundo período, la inversión pública tuvo un salto de casi 13 puntos porcentuales”, según explicaron las investigadoras María Laura Lombardía y Carla Domeniconi.

La energía barata, o subsidiada, logró que muchas empresas tuvieran la posibilidad de ser competitivas. Pequeñas y medianas empresas que antes no podían competir con productos importados pudieron hacerlo ya que el costo de la energía era accesible.

“La perspectiva que considera a estas transferencias como un problema estrictamente ?scal y no de política económica opta por dejar de lado su efecto multiplicador sobre el consumo y los costos y, por lo tanto, sobre el nivel de la actividad económica”, agregó Scaletta.

La eliminación abrupta y total de los subsidios iba a traer consecuencias para el conjunto de la población. Así lo había advertido, incluso, la consultora liberal FIEL, en un informe publicado en abril del año pasado. Allí sostuvo que una quita total de subsidios tendría un fuerte impacto inflacionario a partir de la suba de tarifas, mientras que también podría generarse un impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el tarifazo con la devaluación del peso. La alianza gobernante no dudó en llevar adelante todas estas medidas en los primeros tres meses de gobierno.

Consultoras privadas –como la de Miguel Bein- calcularon inicialmente que como consecuencia de este aumento de precios en boca de pozo las petroleras recibirán ingresos anuales adicionales por entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. En paralelo se estimó también que los ajustes tarifarios asociados agregarán un piso de entre 8 y 11 puntos porcentuales a la in?ación anual, a la vez que su impacto ?scal será de sólo 1 punto del PIB. Los números muestran que lo que está en juego no es la reducción del dé?cit ?scal sino la simple y pura rentabilidad empresarial”, analizó el coordinador del área de Economía y Desarrollo Regional del CEP.

 

Importación vs tarifazo
El aumento del precio en boca de pozo se aplicó sin discriminar entre los yacimiento que ya estaban produciendo gas y aquellas posibles nuevas inversiones. Es decir que la decisión de mejorar la ecuación económica de las empresas petroleras no estuvo atada a ninguna exigencia de mayores inversiones, más allá de las supuestamente comprometidas en los contratos de concesión.

“El valor que se pagaba estaba en línea con el valor del Henry Hub y algo por debajo del precio de importación de Bolivia, que ronda los 3 dólares. Con el aumento aplicado el 31 de marzo quedó en valores similares al de regasi?cación. Esto quiere decir que, aun dentro de los parámetros de la nueva administración, podría haberse utilizado el contexto de bajos precios de importación para ?nanciar una transición tarifaria menos traumática para la macroeconomía y para los usuarios. En cambio, sólo parece haber primado la urgencia de provocar una transferencia sin contraprestaciones hacia el sector energético privado”, sostuvo el CEP.

En la Cuenca Austral, el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) se pagaba 1,59 dólares, mientras que en el Golfo San Jorge, 3,69 dólares. Ahora el precio en boca de pozo se fijó en 5,8 dólares (aunque el objetivo es llevarlo a 7,5 dólares). Esto implicó una recomposición del 264 por ciento (Cuenca Austral) y del 57 por ciento (San Jorge), respectivamente.

 

Claves
*Los usuarios de gas ascienden en todo el país a los 8,5 millones.
* Dentro de este total, la Patagonia representa solamente el 7,5 por ciento de los usuarios.
*En el desagregado por segmento, el consumo en los hogares representan el 23,45 por ciento del consumo nacional mientras que los comercios representan el 25,02 por ciento.

*El consumo de gas es mayor en proporción en las provincias más australes.
*Según el informe del CEP, el tarifazo implicó una transferencia entre 3.500 y 4.000 millones de dólares a las operadoras.
*También advirtió que el ajuste tarifario agregará un piso de entre 8 y 11 puntos porcentuales a la inflación anual.

Imagen tiemposur.com.ar.

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